Procedimiento Especial de Microempresas del Libro III TRLC: Liquidación Ordenada de una SLU Constructora con Pasivo de 197.000 Euros

Ficha del Expediente

El Caso en Resumen: Cómo Liquidar una Microempresa Sin Administrador Concursal

Hasta la reforma operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, la única vía formal para liquidar ordenadamente una pequeña sociedad insolvente era el concurso voluntario ordinario del TRLC. Ese procedimiento —diseñado para empresas de cualquier tamaño— exigía la publicación del auto de declaración, el nombramiento de un administrador concursal, la elaboración del inventario y la lista de acreedores por un tercero designado por el juzgado y varias fases procesales cuyo coste hacía inviable, en la práctica, que una microempresa con cuatro trabajadores y activo cero pudiera acceder a él. Muchas pequeñas empresas terminaban abandonadas a la deriva, sin cierre formal, generando deudas tributarias y sancionadoras acumuladas durante años.

La reforma introdujo un nuevo Libro III del TRLC dedicado íntegramente al procedimiento especial de microempresas y microempresarios. Se trata de un cauce concursal simplificado, íntegramente telemático, con formularios normalizados y sin administrador concursal por regla general, que permite el cierre eficiente de personas físicas y jurídicas por debajo de los umbrales de microempresa: menos de diez trabajadores, volumen de negocio inferior a 700.000 euros y pasivo inferior a 350.000 euros. El deudor elige entre dos itinerarios: continuación —con plan de reestructuración— o liquidación —con realización ordenada del activo y pago proporcional a acreedores—.

En este expediente, el deudor es una sociedad limitada unipersonal constituida a finales de 2020 y dedicada a la construcción de edificaciones residenciales, con domicilio en un polígono industrial del corredor del Henares. La combinación de cuatro trabajadores en plantilla con nóminas impagadas, un pasivo total de 197.433,98 euros y un inventario valorado en cero euros hizo evidente desde el primer momento que la vía correcta era la liquidación por el procedimiento especial de microempresas. Legislae preparó el formulario normalizado F2 —el que utiliza el propio deudor para solicitar la apertura conforme al art. 691.1 y 3 TRLC— con la memoria económica y jurídica, el inventario, la relación completa de acreedores, los certificados de titularidad y las liquidaciones individuales de los trabajadores para acreditar la existencia y cuantía de los créditos laborales. La solicitud se presentó telemáticamente el 24 de marzo de 2026, tuvo entrada en el juzgado el 14 de abril y el auto de apertura se dictó cuatro días después, el 20 de abril de 2026.

Cronología: Del Cese Material a la Apertura Judicial en Menos de un Mes

• Diciembre 2020
  Constitución de la sociedad mediante escritura pública. Inicio de operaciones el 28 de diciembre de 2020. La sociedad se dedica desde el primer día a la construcción de edificaciones residenciales y obras civiles públicas, con domicilio social en un polígono industrial de un municipio del corredor del Henares.
• 2023 – 2025
  Deterioro económico progresivo. La actividad constructiva se ve afectada por incidencias contractuales con clientes y proveedores, retrasos en cobros y la subida de costes de materiales y mano de obra. Se acumulan deudas con la TGSS, la AEAT, proveedores comerciales y los propios trabajadores. Las cuentas de 2023 y 2024 muestran una situación patrimonial claramente deficitaria.
• Finales de 2025
  Cese material de la actividad. Los últimos contratos en curso se liquidan y la empresa deja de operar de facto. Los balances de situación a 31 de diciembre de 2025 muestran un activo residual sin realización efectiva posible. Se preparan las liquidaciones individuales de los cuatro trabajadores para su reconocimiento en el procedimiento concursal.
• Marzo 2026
  Legislae asume la defensa técnica del expediente. Se prepara la memoria económica y jurídica, se consolida el inventario y la relación de acreedores (por importe de 197.433,98 €), se recopilan los certificados de titularidad y las liquidaciones individuales de los cuatro trabajadores, y se cumplimenta el formulario normalizado F2 del procedimiento especial de microempresas por parte del deudor (art. 691.1 y 3 TRLC).
• 24 Marzo 2026
  Presentación telemática de la solicitud mediante el formulario F2. Acuse de recibo automático del sistema con el número de registro correspondiente. Se solicita expresamente la opción de liquidación por procedimiento especial —no de continuación—, en atención a la inviabilidad de la actividad y a la ausencia total de activo.
• 14 Abril 2026
  La solicitud tiene entrada formal en el Juzgado de lo Mercantil tras el reparto correspondiente. Se le asigna número de procedimiento especial de liquidación y NIG. La procuradora designada se persona formalmente en representación del deudor.
• 17 Abril 2026
  El Letrado de la Administración de Justicia dicta Diligencia de Ordenación incoando el procedimiento y Decreto haciendo constar que se ha realizado la solicitud en debida forma. Se activa el análisis judicial del cumplimiento de los requisitos del art. 685 TRLC (umbrales de microempresa) y del art. 691 TRLC (contenido mínimo de la solicitud del deudor).
• 20 Abril 2026
  AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE MICROEMPRESAS. El Juzgado de lo Mercantil acuerda la apertura del procedimiento respecto del deudor, aceptando la opción de liquidación elegida, ordenando la publicidad del auto en el Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado, y abriendo el plazo del art. 706.1 TRLC para las alegaciones de acreedores. Se libra mandamiento al Registro Mercantil para la anotación de la apertura.
• 21 Abril 2026
  El Letrado de la Administración de Justicia dicta Diligencia de Ordenación requiriendo al deudor para que en cinco días acredite la comunicación individual a acreedores y la publicación del mandamiento. Legislae coordina la comunicación electrónica a los acreedores mediante correo electrónico certificado con acuse de recibo y aporta el justificante de publicación en el BORME.
• Abril – Mayo 2026
  Plazo de 20 días hábiles del art. 706.1 TRLC para que los acreedores puedan presentar por medios electrónicos —a través de formulario normalizado— alegaciones sobre la cuantía, características y naturaleza de sus créditos y sobre las partidas del inventario. Transcurrido el plazo sin alegaciones, los créditos e inventario devienen definitivos.
• Pendiente
  Transcurrido el plazo del art. 706.1 TRLC, el juzgado dictará las resoluciones necesarias para ordenar la liquidación del activo —si lo hubiera— y el pago proporcional a los acreedores según el rango de prelación de créditos. La conclusión definitiva del procedimiento comportará la extinción de la persona jurídica y la cancelación registral de la sociedad.

La Clave Procesal: Tres Ventajas Reales del Procedimiento Especial de Microempresas

El diseño del Libro III TRLC responde a un problema muy concreto que la práctica venía denunciando desde hacía años: el concurso ordinario era económicamente inaccesible para las microempresas y los autónomos. La reforma corrige esa disfunción con tres innovaciones sustantivas cuya utilidad se aprecia con claridad en este expediente:

Fundamentos Jurídicos: El Marco del Libro III TRLC

El expediente descansa sobre las disposiciones del Libro III del Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), en la redacción operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia:

Análisis: Cómo se Prepara un Formulario F2 que se Aprueba a la Primera

Aunque el procedimiento especial de microempresas está diseñado para ser accesible, la práctica está mostrando que el formulario F2 rechazado o requerido de subsanación es más frecuente de lo que la propia Ley 16/2022 pretendía. Los motivos habituales de rechazo o requerimiento son cuatro: falta de acreditación de los umbrales de microempresa, inventario desactualizado, relación de acreedores incompleta u omisión de las liquidaciones laborales. Este expediente ilustra cómo prevenirlos.

Acreditación de los umbrales del art. 685 TRLC

El deudor debe acreditar en la solicitud que se encuentra por debajo de los tres umbrales: menos de diez trabajadores, volumen de negocio inferior a 700.000 euros y pasivo inferior a 350.000 euros. La acreditación se apoya en los depósitos contables de los últimos ejercicios y en el balance de situación a la fecha de solicitud. En este caso, con cuatro trabajadores y pasivo de 197.000 euros, el cumplimiento de los umbrales era holgado, pero eso mismo obligó a aportar la documentación con detalle para que el juzgado pudiera comprobarlo sin dudas.

Inventario a fecha de la solicitud, no a fecha de cierre contable

Uno de los errores más habituales es aportar el balance de situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior como inventario. El juzgado exige que el inventario esté referido a la fecha de la solicitud y refleje el valor real de los bienes. En este expediente, el inventario declarado fue de cero euros porque la actividad se había cesado materialmente meses antes y no quedaban bienes con valor de realización. Ese cero se acreditó con el balance de situación a 31 de diciembre de 2025 y con certificados de titularidad de cuentas bancarias sin saldo.

Coordinación con la Segunda Oportunidad del administrador

Cuando el deudor es una sociedad, la extinción de la persona jurídica no libera al administrador único de los avales personales que hubiera prestado durante la vida de la empresa. Por eso, en muchos expedientes de microempresa, en paralelo al procedimiento del Libro III de la sociedad, hay que preparar la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) para la persona física del administrador conforme al art. 486 y ss. del TRLC. Coordinar ambos procedimientos —el de la sociedad y el de la persona física— es la única forma de conseguir una salida verdaderamente definitiva.

Por qué esta reforma es un cambio real

Antes de la Ley 16/2022, muchas microempresas insolventes se quedaban formalmente activas durante años porque el concurso ordinario les resultaba económicamente inaccesible. Eso generaba una espiral de deudas tributarias, sancionadoras y de Seguridad Social que perjudicaba tanto al erario público como al propio empresario. El procedimiento especial resuelve esa disfunción: en este expediente, la solicitud presentada en marzo de 2026 obtuvo auto de apertura en abril, con un coste procesal mínimo y con cierre ordenado a la vista. Es lo que la propia exposición de motivos de la Ley 16/2022 identifica como cauce razonable para el 90 % del tejido empresarial español.

Preguntas Frecuentes sobre el Procedimiento Especial de Microempresas

• ¿Qué diferencia hay entre concurso ordinario y procedimiento especial de microempresas?

  El concurso ordinario está regulado en los Libros I y II del TRLC y se aplica a empresas de cualquier tamaño, con administrador concursal nombrado por el juez y varias fases procesales que pueden extenderse durante años. El procedimiento especial del Libro III está reservado a microempresas y microempresarios: se tramita íntegramente por formularios telemáticos, no requiere administrador concursal por regla general, tiene plazos comprimidos y un coste procesal sensiblemente inferior. La elección entre ambos no es libre: si el deudor cumple los umbrales de microempresa, debe utilizar el procedimiento especial.

• ¿Cuáles son exactamente los umbrales para acceder al procedimiento especial?

  Los umbrales son tres, y basta con cumplir dos de ellos durante dos ejercicios consecutivos: menos de diez trabajadores en plantilla, volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros y pasivo inferior a 350.000 euros. Los umbrales se comprueban con los últimos depósitos de cuentas anuales y con el balance de situación a la fecha de la solicitud. Superar cualquiera de ellos habitualmente conduce al concurso ordinario, no al procedimiento especial.

• ¿Cuánto tarda todo el procedimiento especial de principio a fin?

  En la modalidad de liquidación, el procedimiento suele desarrollarse en un plazo total de entre cuatro y ocho meses desde la presentación de la solicitud hasta la conclusión con extinción de la persona jurídica. Los plazos clave son: veinte días hábiles para alegaciones de acreedores desde el auto de apertura (art. 706.1 TRLC), un plazo variable para la liquidación efectiva del activo cuando lo hay, y la fase final de conclusión con cancelación registral. En expedientes con inventario cero como este, el procedimiento puede concluir sensiblemente antes.

• ¿Puede oponerse un acreedor a la apertura del procedimiento especial?

  Sí, pero solo en supuestos tasados. Los acreedores pueden presentar en el plazo del art. 706.1 TRLC alegaciones sobre la cuantía, características y naturaleza de sus créditos, o sobre las partidas del inventario de la masa activa. Si el juez aprecia oposición cualificada o indicios de mala fe, puede excepcionalmente nombrar administrador concursal para la investigación. Sin embargo, la propia decisión de abrir el procedimiento especial —tomada por el juzgado tras el análisis inicial de la solicitud— no admite recurso ordinario de los acreedores en la mayoría de supuestos.

• ¿Cuánto cobra FOGASA a los trabajadores de una microempresa en liquidación?

  El Fondo de Garantía Salarial abona subsidiariamente los salarios pendientes con el tope máximo del triple del Salario Mínimo Interprofesional por día, hasta un máximo de ciento veinte días por trabajador. Las indemnizaciones se pagan hasta el doble del SMI por día, con el mismo tope máximo de ciento veinte días. En 2026, con un SMI de referencia, esto puede suponer para el trabajador cantidades relevantes que le permiten cubrir la transición hasta un nuevo empleo. La declaración del procedimiento especial es el trámite habilitante para acceder a esas prestaciones sin dilaciones.

• ¿Puedo compaginar el procedimiento especial de mi empresa con la Segunda Oportunidad personal?

  Sí, y de hecho es la solución técnica más habitual cuando el administrador ha prestado avales personales o garantías hipotecarias sobre su patrimonio doméstico. El procedimiento especial de microempresas cierra formalmente la sociedad; la Ley de Segunda Oportunidad, con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (arts. 486 y ss. TRLC), aborda la deuda personal del administrador. Ambos procedimientos son técnicamente independientes pero se pueden coordinar temporalmente para conseguir una salida ordenada y completa.

• ¿Se puede recurrir el auto de apertura del procedimiento especial?

  El auto de apertura del procedimiento especial es recurrible en reposición por los interesados en el plazo de cinco días desde su notificación, y contra la resolución de este recurso cabe apelación. No obstante, cuando el auto se dicta a instancia del propio deudor y sin oposición de acreedores, el recurso resulta excepcional. Los acreedores tienen su cauce natural de defensa en el trámite de alegaciones del art. 706.1 TRLC, más que en la impugnación del auto de apertura en sí.

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